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16 enero, 2019

Los movimientos sociales y el derecho

Como resultado de las reformas del poder judicial vinculadas a los procesos de consolidación de las democracias en América Latina, la arena jurídica, que hasta entonces había desempeñado un papel relativamente acotado y subordinado en la vida social y política de las sociedades latinoamericanas, ha ido adquiriendo en los últimos quince años un peso sin precedentes en la historia sociopolítica de la región, desde al menos tres dimensiones las reformas institucionales, los cambios en el discurso de legitimación de los sistemas políticos y la sociedad civil (Domingo, 2009). De tal suerte que en la actualidad, cualquier proyecto político democrático centra de manera importante su legitimidad en el Estado de derecho y los derechos ciudadanos.

Estos dos conceptos gozan de la aceptación de prácticamente toda la gama ideológica de actores políticos y sociales, incluido el Estado. Además, la sociedad civil ha descubierto y reevaluado el derecho y el lenguaje de derechos, mismos que están siendo apropiados como herramientas simbólicas, discursivas y políticas por una amplia diversidad de actores.

En consecuencia, la resolución de conflictos sociales se ha ido trasladando de los espacios políticos a los espacios jurídicos, aunque desde luego, no de manera exclusiva ni excluyente, sino como un espacio más de lucha y confrontación, en el que movimientos sociales, organizaciones civiles y grupos subalternos buscan la defensa y promoción de sus intereses y derechos.

El objetivo de este eje se centra en identificar tres rutas de análisis:

  1. El activismo jurídico o movilización legal por parte de quienes intervienen en los movimientos sociales: cuándo, cómo, cuáles y por qué recurren los integrantes de los movimientos sociales a acciones jurídicas;
  2. Los impactos legislativos de quienes participan en los movimientos sociales, y los temas que incluyen en la agenda pública;
  3. Los efectos de la ley en los movimientos sociales.

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